La editorial de Pagni de hoy es realmente imperdible. Se nota que Pagni leyó el proyecto de ley de medios, o que, al menos, le ordenó a algún licenciado en comunicación que lo lea por él y le escriba un resumen con los puntos más importantes. De cualquier manera, el editorialista estrella se embarca en una reseña algo superficial de algunos artículos de la ley, realizando una intrerpretación muy libre de su alcance y significado.
Sin embargo, hay un punto en el que, en nuestra opinión, Pagni da en el clavo. Dicen por ahí que hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día. Pagni acierta cuando dice que el proyecto (en realidad, habla de la iniciativa intervencionista de los Kirchner, pero bueno, hay que reconocer que el muchacho tiene sus limitaciones) busca poner al Estado en el centro de la comunicación social, dejando al descubierto su marcado intervencionismo. Por supuesto, después de ese ataque de lucidez, vuelve a enredarse en su diatriba antikirchnerista, llegando a comparar a Kirchner con Mussolini, disputándole a la muy venida a menos profeta del apocalipsis la capacidad de inventar comparaciones delirantes.
Pero volviendo al punto: ¡Claro que es el Estado, estúpido! El proyecto de la derecha, promovido por La Nación y ciertos sectores de la economía desde hace años, que caracteriza al Estado como una distorsión del mercado, ha fracasado estrepitosamente, no sólo en la Argentina, sino en los en el mundo. La concepción del mercado como asignador eficiente de recursos no sólo se ha demostrado falsa, sino además peligrosa para la viabilidad del capitalismo. La concentración de los medios de comunicación (a la sazón, grupos económicos) es sólo un capítulo, importante, pero un capítulo al fin de las herramientas de intervención de las cuales legítimamente debe disponer un Estado. Por lo tanto, lo que hay que discutir y defender es, precisamente, el rol del Estado en la economía como factor de crecimiento y desarrollo. Más precisamente, la capacidad de intervención estatal en sectores estratégicos de la economía como condición para promover una distribución de la riqueza más justa y equitativa. Porque una cosa es segura: se redistribuye desde el Estado o no se redistribuye en absoluto. Y esto algunos lo saben muy bien.
Destaco enfáticamente la necesidad de una fuerte intervención estatal en pos de garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Esto es condición de la recuperación del espacio público para la ciudadanía y es el Estado, en su condición de representante de esa ciudadanía, quien debe hacerlo.
ResponderEliminarSin embargo, debe advertirse la necesidad de diferenciar entre Estado y gobierno. Asumiendo lo virtuoso de realizar dicha separación, el proyecto del Gobierno Nacional encuentra su principal defecto en la autoridad de aplicación de la nueva ley para regular el espectro audiovisual.
El proyecto del Gobierno consituye la autoridad de aplicación con tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y dos por las segundas y terceras minorías del Congreso.
Sin dejar de desconocer que esto representa un avance respecto a la actual conformación que incluye a miembros de las Fuerzas Armadas, es importante destacar la necesidad de dotar de una mayor pluralidad a dicha autoridad y de autarquía para el organismo.
Lo mismo se aplica a la conducción de los medios estatales.
La autarquía y la conducción colegiada representan dos condiciones básicas para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.
¿Desde cuando la composición de un organismo estatal o su lugar en el organigrama garantiza algo? Es por lo menos discutible que la autarquía y una composición mas amplia garanticen por si solos la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Lo único que la pluralidad contribuye a garantizar es el control. No está mal que la mayoría de los miembros sean designados por el Ejecutivo, en tanto y en cuanto haya control y la jurisdicción del organismo esté bien definida por la ley. Es cierto que fuerza gobernante y Estado son dos cosas distintas, pero en el Estado cristalizan relaciones de fuerzas entre actores políticos, por lo tanto pretender que en un organismo se distorsione esa relación de fuerzas en favor de actores ajenos a la coalición gobernante es no entender la lógica de la representación.
ResponderEliminar¿El Estado capacitado para intervenir de correcta y ajustada a las necesidades de mayorías y minorías? Podría darse si habláramos de algún estado utópico y con dirigentes capacitados y justos. ¿No deberían pasar por un examen moral y ético antes de asumir como funcionarios? En esto obviamente incluyo a los jueces argentinos que superan los exámenes con machetes. Las ideas acá expuestas son lindas pero para un estadio moral al que hoy sólo vemos en los libros.
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